Las preguntas sin responder de la AMP y Stward Marine sobre sus contrataciones directas

La empresa Stward Marine SA, sigue defendiendo sus contrataciones con la Autoridad Marítima de Panamá (AMP). La empresa, representada legalmente por Pablo Torres Chang, ha sido beneficiada los últimos tres años (2020, 2021 y 2022) con contrataciones directas de la AMP, además del permiso de ocupación del Muelle 8 de Balboa.

Pero para el abogado Yersil Sánchez como el ex director de Marina Mercante, Guillermo Márquez Amado, en el camino quedan muchas preguntas sin responder, incluso no existen elementos de poder que sustenten la necesidad de estas contrataciones, al menos, esto es lo que consideran.

Sánchez, quien demandó los contratos de la AMP y a Stward por una posible violación a la Ley de Contrataciones Públicas, asegura que “Stward evade mencionar cómo ha logrado, no una, sino tres contrataciones exclusivas de forma directa y consecutivas, cada una de ellas aproximándose al medio millón de balboas.

Sostiene que el fraccionamiento del monto de los contratos a menos de un millón de balboas, permite al AMP, Noriel Araúz, evadir el requisito de solicitar autorización a la Junta Directiva de la entidad, tal y como señala el Decreto Ley No. 7 de 1998. “Este fraccionamiento de materia también está prohibido por la Ley de Contratación Pública vigente en nuestro país”.

Indica que en la aclaración, la empresa se limita a hacer mención a un solo contrato (2020), sin mencionar los otros de los años siguientes, y con montos más altos que los demás. Y que además, la forma como la empresa defiende su contratación evidencia que todo el proceso desde la invitación hasta la firma del primer contrato, se materializó en cuestión de meras semanas”, asegura el abogado.

Otro punto contradictorio, es que, según la empresa, el servicio es solamente para la Bahía de Panamá y Puerto de Manzanillo, sin embargo, el Contrato 3003 – 2020, menciona el “Atlántico y Pacífico”, pudiéndose dar estos servicios en prácticamente cualquier parte del país, cosa que corrobora la AMP en su propia explicación. “Por el contrario, esta entidad amplía tal compás a todas las inspecciones e investigaciones en general que deba hacer esta entidad a cualquier buque”, una situación que podría considerarse como favoritismo.

Dice Sánchez que la empresa también debería aclarar el tema de las horas extras, ya que Stward no se a este punto en las contrataciones de 2021 y 2022, y según lo acordado en las “contrataciones posteriores, que son anuales, trasladan la posibilidad de horas extras hacia adendas a la contratación, un punto que, asegura, también valdría la pena aclarar.

Esto sin contar, que aunque la AMP dice no haber pagado horas extras, el representante legal de Stward, señala que esta entidad mantiene “pagos pendientes” con su empresa.

Por su parte, Guillermo Márquez Amado, experto en Derecho Marítimo y ex director de Marina Mercante, insiste en que no hay necesidad que sustenten esas contrataciones.

Recuerda que, en su experiencia, nunca había sido necesario contratar a ninguna compañía para proveer el servicio de transporte a los inspectores que van a bordo de naves panameñas, porque todas las naves cuando llegan a puerto tienen a un agente naviero, que provee el transporte que sea necesario para ir a bordo, y si Panamá le indica que tiene ir a bordo, el agente naviero se lleva también al inspector que vaya a hacer ese trabajo.

“Es altamente sospechoso que en el caso de Panamá se esté haciendo una contratación de cientos de miles de dólares para que se vaya a visitar buques panameños que llegan a Panamá. Más cuando, son más las naves panameñas que llegan a puertos de otros países, que los que llegan a Panamá”, aseguró.

Según el jurista, aquí lo que ha habido es un gasto exorbitante e innecesario.